Pedido de Informes del Diputado Lema: ASSE incumple sanción en centro de Las Piedras

La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) no excluyó a una empresa de limpieza de un proceso de licitación en la Red de Atención Primaria (RAP) en el Hospital de Canelones que ya había sido sancionada por el propio organismo en 2016, luego de constatar denuncias acerca de que funcionarios de la firma marcaban tarjeta en el centro de salud, pero desempeñaban funciones fuera del mismo.

Según informó ASSE en una respuesta a un pedido de informes del diputado del Partido Nacional, Martín Lema, «la sanción impuesta a la empresa Goresol S.A. encuadraría en un supuesto de primer incumplimiento, no tratándose de incumplimientos reiterados y tampoco sería un incumplimiento de suma gravedad». La empresa recurrió la sanción pecuniaria del directorio, por lo que «el incumplimiento señalado no es una razón suficiente para excluir a la empresa en el procedimiento licitatorio». Pero en otro capítulo, ASSE volvió a contratar este año a la empresa en cuestión para que brindase el servicio de limpieza en la Red de Atención Primaria (RAP) de Las Piedras.

En 2015, las autoridades del Hospital de Las Piedras contrataron mediante compra directa a una empresa de limpieza que ya había sido sancionada en 2014 por una serie de incumplimientos. La situación ya fue denunciada y advertida a las autoridades de ASSE y del Ministerio de Salud Pública (MSP) a partir de un pedido para ampliar una investigación administrativa de 2014 que realizó en su momento el ex director blanco en ASSE, Marcelo Sosa.

En 2011 se adjudicó la licitación para los servicios de limpieza del Hospital de Las Piedras a la empresa Goresol S.A. Un año más tarde, según las propias resoluciones de ASSE a las que accedió El País, se realizó una investigación administrativa dado que algunos empleados denunciaron que varios funcionarios de la firma marcaban tarjeta en el centro de salud pero desempeñaban funciones fuera del mismo. La investigación fue cerrada por falta de pruebas.

Pero en 2016, se dispuso finalmente ampliar la investigación administrativa ya dispuesta en 2014 en la que se constataron incumplimientos en la licitación pública.

Sanción.

La resolución de ASSE aplicó una sanción a la firma del 10% de la facturación, pero la misma al ser recurrida no fue inscripta en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE). Según la respuesta de ASSE, «los antecedentes fueron comunicados al RUPE. Sin embargo, la sanción no fue inscripta en dicho registro dado que el criterio adoptado por el mismo es el de inscribir únicamente los actos administrativos firmes. Por lo expuesto, la misma no fue inscripta», por esto fue que ASSE nunca efectivizó la sanción.

En noviembre de 2017, el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) observó el gasto del hospital que alcanzó los $ 16,5 millones al considerar que «debió realizarse un procedimiento de licitación pública». El diputado blanco realizó un pedido de informes «para conocer más detalles de la situación y para que se expliquen otras observaciones que realizó el Tribunal de Cuentas», explicó.

Para el TCR, «no existían acreditados los fundamentos que habiliten la referida contratación». Por otro lado, encontró que «existía fraccionamiento del gasto sin expresa constancia de su fundamento y de su conveniencia para el servicio por parte del ordenador competente», situación que según el organismo «contraviene lo dispuesto en el artículo 43» del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf). Para el TCR, no hubo fundamentos para levantar una observación ya realizada en septiembre de 2017.

Luego del cambio del directorio en ASSE, el organismo comenzó a entregar con más velocidad la información solicitada por la comisión investigadora en el Parlamento. Según supo El País, esta semana llegó nueva información a los diputados que la integran. Mientras tanto, la oposición prepara con sus abogados la megadenuncia de ASSE que se presentará por bloques a la Justicia Penal. Entre las causas ya se encuentran las denuncias de irregularidades en el Hospital de Bella Unión por los contratos de ambulancias, las del Hospital de Rivera y los casos de los hospitales de Mercedes y Soriano.
Fuente: El País